En Ecuador los líderes de la Iglesia Evangélica denunciaron una supuesta persecución por parte del gobierno del presidente Rafael Correa. Los dirigentes sostienen que mediante un decreto ejecutivo se pretende cambiar la figura legal de templos a fundaciones, para así controlar sus recursos.
Se trata del decreto ejecutivo 1389 que incorpora a las iglesias dentro del registro de regulación de las organizaciones de derecho privado. Esta disposición general provocó malestar en los representantes evangélicos, pues temen que el gobierno pretenda desaparecer su personería jurídica y controlar sus recursos. Por ello, piden a las autoridades gubernamentales transparencia en el tema.
Según comentó Estuardo López, presidente de la Confraternidad Evangélica el gobierno pretende que el trabajo se realice coordinadamente buscando que la ayuda que brindan las fundaciones y las iglesia esté enclavada en lo que denominan plan nacional de desarrollo. “Eso es lo que ellos dicen en público y de pronto puede haber otras intensiones. Por ello, queremos que los diálogos sean transparentes y nos digan que es lo que buscan”, expresó.
Según el subsecretario jurídico del Ministerio de Gobierno de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, el objetivo del decreto ejecutivo es mejorar el ordenamiento jurídico de varias organizaciones de la sociedad civil.
“Nos hemos encontrado con una maraña jurídica por un lado y de organizaciones por otro, que impiden conocer hasta hoy un catastro exacto de cuántas organizaciones religiosas somos, quienes somos, que hacemos, cuáles son sus representantes. Así, el gobierno se ha propuesto dar a conocer esta información”, dijo Ramiro Rivadeneira, subsecretario jurídico del Ministerio de Gobierno.
Información que a decir de los líderes de la iglesia evangélica es extrema. El presidente de la Confraternidad Evangélica anotó que ellos ya han presentado los documentos con firmas y copias de cédula de los miembros de una iglesia. “Entonces hay iglesias grandes dentro del mundo evangélico con 5 mil miembros. Las iglesias católicas deben ser mucho más y entonces como se va a llevar documentos de miles de miles de personas”.
Incluso, aseguran que el gobierno ha confundido la visión que tienen las iglesias en relación a ONGs o fundaciones.
“Hemos solicitado una política especial para la iglesia, porque nuestro objetivo, naturaleza, nuestra visión es diferente a la que tiene las fundaciones”, dijo López.
En todo caso, para el gobierno, está claro, es un decreto ejecutivo vigente que deben cumplir las diferentes denominaciones religiosas. Una vez que concluya el plazo para que las iglesias presenten los estatutos, el ministerio de gobierno iniciará la verificación, con el fin de determinar cuantas iglesias están activas, las que no hayan actualizado o presentado la documentación serán dadas de baja. Así, descarta que se quiera desaparecer a las iglesias.
Según López si el gobierno quisiera desaparecer a las iglesias, ya lo hubiese hecho porque este decreto ha sido prorrogado por tres ocasiones. “Es decir, en dos ocasiones anteriores el gobierno hubiese tenido pretextos si hubiese querido hacerlo así. Para quitarles la personería jurídica a las iglesias, no se trata de desaparecer, sino de hacer establecer un orden que nos va a beneficiar a todos”.
Los estatutos emitidos por las diferentes iglesias constarán en el registro oficial o a través de la Internet para conocimiento público.
